Sin derecho a la sanidad

Un arquitecto catalán de 28 años, Francesc Romero, vecino de Mataró (Maresme), sin contrato laboral que le permita cotizar como asegurado en el régimen de la Seguridad Social, ha sido informado de que a partir del próximo 1 de septiembre perderá el derecho a la asistencia pública que aún le facilita su tarjeta sanitaria, salvo si certifica que sus ingresos anuales son tan escasos que no superan un "límite reglamentario" aún por decidir. En este caso, mantendría su credencial.
El 1 de septiembre entrará en vigor el real decreto ley que el Ministerio de Sanidad aprobó el pasado 24 de abril, que acaba con el derecho a acceder a la asistencia sanitaria universal y gratuita por el hecho de ser ciudadano residente en España, una condición que desde 1985 garantizó la ley general de sanidad, aún vigente.
Dicho decreto condiciona el acceso a la tarjeta sanitaria al hecho de estar "asegurado", ser cotizante de los impuestos vinculados a un empleo. A partir de septiembre, las personas en la situación del arquitecto Romero, profesional titulado universitario sin contrato laboral, perderán sus derechos sanitarios si no demuestran estar en situación de pobreza extrema. Lo mismo sucederá a cualquier desempleado que no esté inscrito en las oficinas de empleo. Romero ya se ha apuntado en el Servei Català d¿Ocupació.
Los inmigrantes que no hayan regularizado su residencia perderán la credencial sanitaria en todos los casos, aunque certifiquen ausencia completa de ingresos. Tendrán derecho a acudir a los servicios de urgencia y sus hijos menores de 18 años recibirán una atención médica normalizada, al igual que las embarazadas. Hasta ahora, los simpapeles obtenían la tarjeta médica al empadronarse en el territorio español. Para ellos, la Conselleria de Salut ha previsto una acreditación especial, que, según ha dicho su titular, Boi Ruiz, permitirá que esas personas accedan a "prácticamente" los mismos servicios a los que tienen derecho el resto de ciudadanos.

ÀNGELS GALLARDO / Barcelona El Periodico.